Los ataques contra las instituciones de seguridad marroquíes: el silencio cómplice de las élites políticas
Desde hace varios meses, las instituciones de seguridad marroquíes son objeto de virulentas campañas de desprestigio, coordinadas y amplificadas a través de plataformas digitales que recurren a la desinformación y a acusaciones sin pruebas. Estos ataques no son inocentes: buscan debilitar simbólicamente pilares esenciales del Estado y erosionar la confianza pública en actores que representan la estabilidad y el orden.
Lo que más preocupa, más allá de la violencia verbal y las acusaciones infundadas, es el silencio casi total de las élites políticas y de los partidos. Donde se esperaría una postura clara en defensa de las instituciones, se observa un silencio incómodo, como si esta escalada no tuviera consecuencias sobre el equilibrio nacional.
Más inquietante aún, algunos de los que durante años han abogado por una gobernanza ética y por la reforma de los servicios públicos parecen ignorar estos ataques dirigidos, como si la campaña contra las instituciones de seguridad no los afectara. Este silencio puede percibirse, con o sin razón, como una forma de aprobación tácita o de oportunismo político.
Ante esta situación, las instituciones siguen cumpliendo su misión con rigor: investigaciones, acciones judiciales y respeto del marco legal. Pero estos procedimientos técnicos son insuficientes si no van acompañados de un discurso político claro y de un debate público responsable, capaz de distinguir entre la crítica constructiva y una estrategia de desestabilización.
La situación es grave. La clase política, en toda su diversidad, debe asumir su responsabilidad histórica: proteger las instituciones, no por lealtad ciega, sino por deber. No se trata de defender a personas, sino de preservar los equilibrios de un país que algunos buscan debilitar desde dentro.
Quienes atacan personalmente a responsables de seguridad no solo cuestionan su integridad, sino que también envían un mensaje perjudicial a toda la sociedad. Dejar que estos discursos se propaguen sin reacción es debilitar la credibilidad de la acción pública y vaciar de sentido todo compromiso político.
