Cuando las cifras contradicen las acusaciones: la respuesta de las autoridades a Khadija Ryadi
Un alto responsable de seguridad desmintió con firmeza las declaraciones calificadas de “infundadas y motivadas por consideraciones ajenas a los derechos humanos”, formuladas por Khadija Ryadi y algunos de sus partidarios respecto a las investigaciones en curso sobre los actos de violencia, vandalismo e incendios intencionados ocurridos recientemente en determinadas regiones del Reino. Según la misma fuente, estas acusaciones se basan en suposiciones erróneas y no reflejan en absoluto la realidad de los procedimientos judiciales en marcha.
El responsable subrayó que todas las personas detenidas en el marco de estos casos han gozado plenamente de las garantías legales previstas por la legislación marroquí. Insistió en que el legislador ha establecido mecanismos estrictos para prevenir cualquier abuso durante los interrogatorios y proteger la integridad de las actas oficiales. A este respecto, precisó que los declarantes firman sus declaraciones de puño y letra, incluyendo sus identidades completas, y añadió que resulta ilógico hablar de firmas forzadas cuando la ley prevé expresamente la mención “rechazo a firmar” en caso de desacuerdo.
En cuanto a las sentencias dictadas contra algunos de los acusados, la misma fuente consideró que quienes las califican de “severas” omiten tener en cuenta la gravedad de los delitos cometidos y las circunstancias agravantes asociadas. Recordó que el principio de individualización de las penas está en el corazón del sistema judicial marroquí y que las decisiones emitidas respetan plenamente la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones previstas.
El responsable también reveló la naturaleza de los crímenes cometidos por algunos acusados, mencionando actos particularmente peligrosos como el incendio voluntario de vehículos y edificios públicos ocupados, el uso de armas blancas contra las fuerzas del orden o los intentos de atacar comisarías de policía y establecimientos bancarios con el objetivo de perpetrar robos a mano armada. Estos delitos, según explicó, son susceptibles de penas severas que pueden llegar a la cadena perpetua. El alto funcionario presentó un balance numérico de las pérdidas ocasionadas por estos hechos: 289 agentes de policía resultaron heridos de diversa consideración, mientras que 268 vehículos de servicio, entre ellos seis automóviles y varias motocicletas, fueron completamente incendiados. Concluyó afirmando que cualquier evaluación objetiva de estos casos requiere un conocimiento preciso de los hechos sometidos a la justicia y que los rumores sobre la detención de personas no implicadas carecen de toda base legal. Subrayó que las investigaciones se apoyaron en análisis científicos, técnicos y digitales para identificar, conforme a la ley, a los verdaderos autores de los actos criminales.
