La prensa marroquí denuncia las campañas de difamación contra periodistas profesionales

La prensa marroquí, a través de la Asociación Nacional de Medios y Editores, expresa su preocupación ante los ataques dirigidos contra periodistas profesionales y la proliferación de prácticas perjudiciales para el sector mediático. La asociación condena enérgicamente las campañas de difamación destinadas a desacreditar la profesión y confundir el periodismo con la producción de contenido en plataformas digitales.

En un comunicado oficial, la asociación destaca que estos ataques buscan debilitar el papel de los medios como pilares de la información veraz. Advierte sobre los peligros de la usurpación de la condición de periodista por parte de individuos que explotan la falta de regulación para convertir la desinformación y la manipulación en fuentes lucrativas de ingresos.

La Asociación Nacional de Medios y Editores hace un llamado a una regulación más estricta del sector para diferenciar a los profesionales sujetos a normas éticas y legales de los creadores de contenido que operan sin restricciones. Lamenta el impacto negativo de esta confusión en la percepción del periodismo y subraya la necesidad de un marco legal riguroso para preservar la integridad de la profesión.

También llama la atención sobre el aumento de los ataques desde el extranjero a través de ciertas plataformas que buscan socavar la credibilidad de las instituciones marroquíes. Ante esta creciente amenaza, insta a las autoridades a tomar medidas firmes para contrarrestar estos intentos de desestabilización.

La asociación reafirma su compromiso de defender los derechos de los periodistas y combatir la proliferación de contenidos perjudiciales. Apoya los esfuerzos de la comisión temporal de gestión del sector de la prensa y del Comité de Ética Periodística para fortalecer la regulación y sanear el panorama mediático.

Finalmente, hace un llamado a la cooperación entre los actores institucionales y la sociedad civil para garantizar un periodismo responsable y preservar el derecho de los ciudadanos a una información fiable, independiente y de calidad.

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